Mediante la Ley 31740 se modifica la Ley 30424 que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Entre los puntos más importantes de esta modificación, se encuentran:
La ley establece la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, en procesos penales por diversos delitos, como delitos relacionados con el lavado de activos, delitos aduaneros, delitos tributarios y delitos de terrorismo.
Se determina que las personas jurídicas, incluyendo entidades de derecho privado, asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, empresas estatales y sociedades de economía mixta, son responsables administrativamente por los delitos cometidos en su nombre, por cuenta de ellas y en su beneficio, por parte de sus socios, directores, administradores, representantes legales u otras personas bajo su autoridad.
Se establecen diversas medidas administrativas aplicables a las personas jurídicas responsables de delitos, tales como multas, inhabilitación temporal o permanente, cancelación de licencias y concesiones, cierre de locales o establecimientos, y disolución.
Las multas impuestas a las personas jurídicas se calculan en función del beneficio obtenido con la comisión del delito, y se consideran diferentes criterios para determinar su monto, como el incumplimiento de normas internas, la jerarquía de los implicados, el daño causado y la capacidad económica de la persona jurídica.
Se establece una exención de responsabilidad para las personas jurídicas que implementen un modelo de prevención adecuado antes de la comisión del delito. Sin embargo, esta exención no aplica si el delito es cometido por personas con capacidad de control sobre la persona jurídica.
Se establecen circunstancias atenuantes de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, como la colaboración en la investigación del delito, la reparación del daño y la adopción de un modelo de prevención posterior a la comisión del delito.
Se detallan los elementos mínimos que debe contener un modelo de prevención, como la designación de un encargado de prevención, acciones para mitigar riesgos, procedimientos de denuncia y evaluación continua del modelo.
La ley también establece disposiciones sobre la implementación del modelo de prevención, que incluyen la identificación y evaluación de riesgos, la difusión y capacitación periódica, y la posibilidad de que las micro, pequeñas y medianas empresas adapten el modelo a su naturaleza y características.
Lee la normativa en el siguiente enlace:
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